Memoria e Identidad ¿Masacre o Resistencia de Napalpí?

por Guillermo A. Vega

Quizá, dada la fuerte influencia que tuvo el marxismo en los movimientos políticos y sociales de izquierdas, las manifestaciones de "resistencia" han sido asociadas en Argentina, por lo general, con los trabajadores urbanos y, en menor medida, con los campesinos. Sin embargo, tiempo antes del desarrollo industrial y de la aparición de ese sujeto colectivo denominado "proletariado", se desplegaron en Latinoamérica fuertes prácticas de resistencia contra la opresión colonizadora de España y Portugal. Las mismas fueron llevadas a cabo -con mayor o menor éxito- por los pueblos aborígenes que ocupaban toda la extensión del suelo sudamericano.

Diezmados por el proceso de colonización, los indígenas que sobrevivieron se enfrentaron con un nuevo enemigo: la expansión del modelo económico capitalista. Las últimas décadas del siglo XIX estuvieron caracterizadas, en la Argentina, por la matanza de aborígenes en el sur del país (la famosa "campaña del desierto" del presidente Julio A. Roca), y la incorporación de los mismos en el sistema productivo, en calidad de "mano de obra barata".

Hacia la década de 1880 cientos de aborígenes, apresados durante las campañas militares en el centro y sur del país, fueron enviados a la provincia de Tucumán para trabajar en los ingenios azucareros. Hacia fines de 1880, la mayoría había muerto o huido a causa de las condiciones de trabajo a las que se los sometía. Por ello, nuestros "buenos colonos" consideraron necesario organizar y poner en funcionamiento una serie de "reducciones" o "misiones militares" a fines de educarlos y disciplinarlos para el trabajo.

A principios de la segunda década del siglo XX, el Gobierno Nacional dispuso que a los indígenas no les sea posible abandonar el Territorio Nacional del Chaco, puesto que era preciso asegurar la mano de obra para la recolección del algodón. Dos importantes reducciones aborígenes fueron creadas: Napalpí (Chaco), que en toba significa "lugar de los muertos", y Fray Bartolomé de las Casas (Formosa).

La "reducción" cumplía dos funciones principales. Por un lado constituía una suerte de "proveeduría" de mano de obra. Por otro, servía para mantener vigilados a los aborígenes y evitar las constantes sublevaciones. Asimismo, el costo de las reducciones era ínfimo, puesto que se mantenían gracias a la producción que realizaban los propios indígenas.

En 1924 un grupo de colonos de la ciudad de Sáenz Peña envía una carta al Ministro de Agricultura de la Nación, solicitándole intervenga a raíz de la falta de "brazos" disponibles para la recolección del algodón. Sucedía que muchos aborígenes eran trasladados a Salta y Jujuy para trabajar en los ingenios azucareros. La medida no se hizo esperar y toda salida del Territorio Nacional del Chaco fue suspendida para los trabajadores aborígenes. Literalmente eran esclavos de las necesidades del capital. Al poco tiempo, el descontento generalizado entre los indígenas, producto de las terribles condiciones en que se los sometía al trabajo, derivó en una huelga general. Entre 500 y 800 indígenas se levantaron contra los colonos de la zona. El gobernador en persona se vio obligado a hacerse presente y prometerles mejores condiciones laborales, las cuales jamás fueron cumplidas.

Tan sólo un mes después comenzaron los enfrentamientos con la policía y los colonos, a quienes los aborígenes robaban ganado para poder alimentarse. El 19 de Julio de 1924 unos 130 efectivos militares arribaron a la reducción de Napalpí y, después de encender fuego en las tolderías desde un avión, comenzaron a disparar sobre cuanto cuerpo se moviera. Unos 5000 cartuchos fueron quemados en menos de dos horas, dejando a muy pocos aborígenes heridos, a la gran mayoría muertos, y a los menos desaparecidos en la espesura del monte. Los que sobrevivían malheridos fueron asesinados a machetazos por las fuerzas militares y policiales. Mujeres y hombres corrieron la misma suerte. A estos últimos se les cortaban los órganos genitales para después exhibirlos en la comisaría del pueblo. El líder de la revuelta, cacique Pedro Maidana, fue empalado y su cuerpo dejado frente a las tolderías en llamas como una demostración más del poder de los blancos.

La "lección" del Gobierno Nacional (claro eufemismo de etnocidio) disuadió cualquier intento de levantamiento posterior al trágico 19 de julio de 1924. Los colonos contaron así con mano de obra barata y, cosa importante, sumamente dócil. La "Masacre de Napalpí" se volvió una parte más de la historia heroica de los blancos en su eterna lucha contra las "fuerzas hostiles de la naturaleza".

En 1994, el Congreso Nacional declaró el 19 de julio "Día de los Derechos Aborígenes" En 1998, el escritor y periodista chaqueño Mario Vidal publicó un libro titulado "Napalpí. La herida abierta", volviendo a la luz otra vez los atropellos del Estado Nacional en connivencia con los intereses económicos de los colonos. Un año después, el 18 de julio de 1999, el periodista Eduardo López escribía en el diario "Norte": "La masacre continúa. Basta ver cómo viven. En teoría, ciudadanos como todos los demás, con los mismos derechos y obligaciones, pero en la realidad parias en su propia tierra, discriminados y víctimas de situaciones similares a las de Napalpí".

El recuerdo parece oscilar entre los atropellos del pasado y los del presente. Napalpí es hoy un pueblo pobre en el interior de la provincia, en su seno conserva un lugar llamado "La Matanza", que señala el punto exacto en el que se realizó el etnocidio. Quizá no muy lejos se encuentren las fosas comunes en las que los militares y policías enterraron los cuerpos de los aborígenes muertos aquel 19 de julio.

El año pasado la Asociación comunitaria "La Matanza" de Quitilipi presentó ante el Juez Federal Carlos Skidelsky una demanda contra el Estado Nacional Argentino por los acontecimientos suscitados en Napalpí durante el año 1924. A través de la misma se solicitaba: "Indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y moral a favor de la Asociación Comunitaria "La Matanza" por sí y en nombre y representación de la comunidad argentina aborigen de la etnia Toba actualmente vivos de la República Argentina, por los crímenes de "lesa humanidad" perpetrados por fuerzas de seguridad nacionales y autoridades civiles federales el 19 de julio del año 1924 en el entonces denominado Territorio Nacional del Chaco, que se conoce históricamente como "Masacre de Napalpí", donde fueron asesinadas más de 450 personas, aproximadamente, población civil argentina de etnia Toba y a raíz y por las consecuencias sociales, culturales y económicas que hasta nuestros días trajo ello como consecuencia para las posteriores generaciones sobrevivientes".

El escrito judicial subraya que las consecuencias sociales, culturales y económicas producidas por la "Masacre de Napalpí" se pervivieron a través de los años. "Se extendió en el tiempo, por diversos medios, a veces brutales, otros sutiles, pero no por ello menos perjudiciales. En los ochenta años que siguieron se produjeron más daños y más muertes que los fusilamientos o el degüello de los heridos en aquel fatídico día por el terror a defender sus reivindicaciones, que se transmitió oralmente por los "antiguos" de generación en generación". Enfatiza que "tal fue el terror infundido dentro de la comunidad Toba que nunca más, hasta nuestros días, existió atisbo de protesta sobre las condiciones laborales y/o sociales de la etnia. Prueba de ello es este juicio interpuesto 80 años después. No existen en los anales de la administración de justicia chaqueña ningún juicio interpuesto no sólo por Tobas sino tampoco por Wichís, Mocovíes, Vilelas (hoy desaparecidos). Ni siquiera, señor Juez Federal, existe un monumento o una placa que recuerde a las víctimas sin nombre. Pero los ideólogos y ejecutores de este genocidio no pudieron borrar a Napalpí, el cementerio y lugar de sus muertos".

Después de 80 años todavía se hace necesario volver a pensar en la Masacre de Napalpí desde una nueva perspectiva de lectura, un punto de vista que rescate no sólo el sufrimiento y la inhumanidad del exterminio (necesarios para hallar culpables), sino también el valor y la heroicidad de Tobas y Mocovíes, plasmada en el enfrentamiento (a través de la huelga y el reclamo de mejores condiciones de vida) contra el Estado y los intereses económicos de los colonos. Un trabajo de estas características está aún por hacerse.

Como señala el documento presentado ante el Juez Federal, las generaciones de aborígenes que vivieron después de Napalpí quedaron marcadas por el miedo al exterminio. La metáfora de la "herida abierta" ilustra perfectamente la manera en que el recuerdo del poder salvaje del Estado y de los colonos blancos sirvió para disolver cualquier intento de reclamo por mejores condiciones laborales, por el respeto de la tradición, por el derecho sobre las tierras, etc. La herida sangró una y otra vez durante los 80 años posteriores, e impidió un levantamiento de tales características, permitiendo a los blancos avanzar sobre todo el territorio indígena y exterminar a la gran mayoría a punta de pistola, o bien de sol a sol, en el trabajo sobre la tierra. Después de Napalpí, nadie se atrevería a enfrentar las condiciones impuestas por el capital.

De esta manera, la memoria del exterminio se volvió paradójica. Por un lado permitió conservar la identidad de los culpables, sopesar sus responsabilidades y evidenciar el grado de inhumanidad al que podían llegar si de defender el sistema de producción-acumulación se trataba. Pero, por otro, clausuró, en función del terror al exterminio, cualquier posibilidad de resistencia frente a la opresión del Estado y los colonos.

El miedo a la posibilidad del aniquilamiento, reproducido una y otra vez por la circulación del recuerdo de la masacre, jugó un papel desmovilizador entre sobrevivientes y descendientes aborígenes. Se garantizaba así, a través de la evocación del horror de la masacre, no precisamente la condena de los culpables, sino la posibilidad de que nadie se atreviera, una vez más, a poner en cuestión el modo en que se ligaba a los aborígenes al trabajo de una tierra que ya no les pertenecía.

Así como la "Masacre de Napalpí" forjó la comprensión de un grupo étnico sobre sí mismo, en función del miedo al salvajismo del Estado (identidad de los "masacrados", de las víctimas, de quienes fueron derrotados), una memoria del mencionado acontecimiento que ponga el acento en la "Resistencia de Napalpí" ayudaría a restituir la fuerza de otra identidad -disuelta por las reiteradas opresiones y eternas impunidades-, quizá tan originaria como los pueblos mismos. Una identidad por la que se tenga que luchar tanto como se lucha por el derecho a las tierras, al lenguaje y la tradición. Una identidad, en definitiva, que dé cuenta del valor y la fuerza que caracterizó a los pueblos originarios en su centenaria lucha por la sobrevivencia; de quienes resistieron, y aún hoy lo siguen haciendo.

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